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La justicia se hace presente en temas ambientales

Las leyes si que amparan al medio ambiente

Noti-RSE

Hace casi dos semanas, por primera vez en la historia judicial del país, un animal ganó un ‘habeas corpus’ para salir de un zoológico y ser llevado a una reserva natural. Chucho, el oso andino favorecido por la decisión, estaba en cautiverio en el zoológico de Barranquilla, y gracias a su precario estado de salud junto con la pericia de ambientalistas y adeptos a la Sociedad Protectora de Animales, el fallo fue a favor de los derechos de los animales.

La decisión reconoce que tienen derechos, igual que los seres humanos, y asegura que son seres “legitimados para exigir, por conducto de cualquier ciudadano, la protección de su integridad física, así como su cuidado, mantenimiento o reinserción a su hábitat”.

Pese a que un juez de Santander denegó la tutela de un perro para garantizar el derecho a la salud (considerándola improcedente), donde se deja cada vez más claro volcado que se reconocen los derechos medioambientales basados en lo que se llama Constitución Ecológica.

La primera vez que se vio algo semejante fue en 1992, cuando la Corte Constitucional tuvo un caso vinculado a la tutela contra el cierre de un molino en Granada, Meta, que estaba afectando al medioambiente, ya que sus desechos producían agentes contaminantes..

En ese momento, el tribunal recordó que hay 30 artículos en la Constitución que protegen derechos fundamentales de los seres humanos, 34 artículos que garantizan la protección de la naturaleza, estableciendo que “la protección al ambiente no es un amor platónico hacia la madre naturaleza, sino la respuesta a un problema que, de seguirse agravando al ritmo presente, acabaría planteando una auténtica cuestión de vida o muerte”.

En 2015, el Consejo de Estado negó una tutela argumentando que el Estado tiene la propiedad de la fauna silvestre, y solo es posible acceder a ellos a través de zoocriaderos “o de caza en las zonas permitidas, con permiso, autorización o licencia”. El fallo evitaría “la disminución cuantitativa y cualitativa de las especies para que no haya un deterioro ambiental”.

Las leyes colombianas permiten que los recursos naturales renovables sean de propiedad privada “siempre que no estén considerados por la Constitución y la ley como inalienables, inembargables o imprescriptibles

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