LAS NOVEDADES REGULATORIAS ASG DE FEBRERO 2024

Ambiente

Madrid, 6 de marzo de 2024.

 

 

A continuación se presentan los anuncios y novedades regulatorias relacionadas con el sector ASG tanto a nivel mundial y europeo como nacional, que han surgido desde el pasado 19 de febrero hasta la fecha actual. En esta ocasión, destacamos el rechazo del Consejo de la UE a la nueva ley de diligencia debida sobre sostenibilidad, derechos humanos y medio ambiente. También se proporciona acceso a herramientas disponibles de forma gratuita para la búsqueda de normativa.

 

La primavera se acerca con muchas novedades en materia de regulación, con especial énfasis en la entrada en vigor de la versión 2 de la Taxonomía ASEAN para las Finanzas Sostenibles. Otra novedad que llega desde China resalta que el gigante asiático exigirá Reportes de Sostenibilidad obligatorios a empresas cotizadas. Este período también marca la aprobación por el Parlamento Europeo de nuevas normas y sanciones para los delitos ambientales, con penas de hasta 10 años de cárcel en los casos individuales y multas para las empresas de hasta el 5 % de la facturación mundial o 40 millones de euros.

 

Desde DIRSE, te ofrecemos un resumen de las principales novedades regulatorias para que puedas mantenerte al día con la legislación en materia ASG.

 

NOVEDADES A NIVEL INTERNACIONAL – MUNDIAL

 

19/02/24 (Spainsif): Entra en vigor la versión 2 de la Taxonomía ASEAN para las Finanzas Sostenibles

 

El 19 de febrero, el Consejo de Taxonomía de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) publicó la versión 2 final de la Taxonomía ASEAN para las Finanzas Sostenibles (Taxonomía ASEAN) tras los comentarios recibidos durante su consulta de noviembre de 2023.

 

Algunas de las revisiones clave realizadas en la Taxonomía ASEAN actualizada incluyen:

– Aclaración de las definiciones y criterios de los objetivos medioambientales (OE) y los criterios esenciales (CE) del Marco Fundacional.

– Inclusión de la lista de actividades “rojas” del Apéndice J en la Taxonomía ASEAN Versión 1 (ahora como Apéndice G en la Taxonomía ASEAN Versión 2).

– Las normas de derechos adquiridos que cubren los bonos verdes y otros instrumentos financieros verdes.

– En el Anexo 1: criterios finalizados para la eliminación progresiva del carbón e inclusión de futuros criterios técnicos de selección para las actividades de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (energía) como umbrales indicativos.

– En el anexo 2: principios rectores finalizados de No Hacer Daño Significativo (DNSH) y criterios DNSH racionalizados para tres OE, a saber, la mitigación del cambio climático, la protección de los ecosistemas sanos y la biodiversidad y la resiliencia de los recursos y la transición a una economía circular.

 

19/02/24 (Sustenomics): China exigirá Reportes de Sostenibilidad obligatorios a empresas cotizadas

 

Las tres principales bolsas de valores de China, la Bolsa de Valores de Shanghai (SSE), la Bolsa de Valores de Shenzhen (SZSE) y la Bolsa de Valores de Pekín (BSE), anunciaron la publicación de nuevas directrices para la presentación de Informes de Sostenibilidad para empresas cotizadas. Se incluye una nueva exigencia para que los emisores de mayor capitalización y los cotizados en múltiples bolsas comiencen a divulgar obligatoriamente una amplia gama de temas ESG en 2026.

 

Las entidades dentro del alcance de las directrices propuestas tendrán que revelar información sobre temas ambientales, sociales y de gobernanza. Esto incluye información sobre cambio climático, biodiversidad y ecosistemas, economía circular, consumo de energía, seguridad de la cadena de suministro, revitalización rural, así como prevención y detección de corrupción y soborno.

 

Las entidades también tendrán que revelar sus emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 3 para la cadena de valor.

 

La lista de temas indica que las entidades estarán obligadas a aplicar el principio de “doble materialidad”.

 

El borrador de las directrices está abierto a comentarios hasta el 29 de febrero de 2024. Actualmente sólo está disponible en chino.

Con este anuncio, China se une a las exigencias solicitadas por otros mercados importantes como Australia, Brasil, Singapur y el Reino Unido.

 

19/02/24 (Pacto Mundial): Estas son las prioridades del Secretario General de la ONU para 2024

 

Un año más, el Secretario General de la ONU, António Guterres, ha delineado las prioridades claves del 2024 frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Prioridades intrínsicamente vinculadas a la Agenda 2030 y la sostenibilidad empresarial que este año han encontrado su acentuación en la cultura de la paz, el cambio climático y la digitalización.

 

La Nueva Agenda para la Paz

Impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Pacto Digital Mundial

El órgano asesor de la IA

Pacto de Solidaridad Climática

 

 

NOVEDADES A NIVEL INTERNACIONAL – EUROPEO

 

 

04/03/24 (Residuos profesional): El Consejo de la UA adopta nuevas enmiendas para aclarar quién debe afrontar los costes de gestión de residuos electrónicos

 

El Consejo de la UE adoptó ayer nuevas modificaciones de la legislación europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), que incluye una serie de productos como ordenadores, frigoríficos o paneles fotovoltaicos.

 

Las modificaciones tienen por objeto adaptar la Directiva RAEE a una sentencia de 2022 del Tribunal de Justicia de la UE sobre la invalidez parcial de la Directiva debido a la aplicación retroactiva injustificada de la responsabilidad ampliada del productor a los residuos de paneles fotovoltaicos comercializados entre el 13 de agosto de 2005 y el 13 de agosto de 2012.

 

Las enmiendas aclaran que:

– Los costes de gestión y eliminación de los residuos de paneles fotovoltaicos comercializados después del 13 de agosto de 2012 corresponden al productor del aparato eléctrico y electrónico (AEE).

– La responsabilidad ampliada del productor de los AEE que se añadieron al ámbito de aplicación de la directiva en 2018 debe aplicarse a los productos electrónicos comercializados después de esa fecha.

– Las enmiendas también introducen una cláusula de revisión por la que la Comisión Europea (CE) debe evaluar, a más tardar en 2026, la necesidad de revisar la directiva.

 

La CE adoptó su propuesta de modificación específica de la Directiva RAEE el 7 de febrero de 2023. Tras la adopción de sus posiciones negociadoras en junio (Consejo) y octubre (Parlamento Europeo) de 2023, los colegisladores alcanzaron un acuerdo político provisional en noviembre de 2023. El Parlamento Europeo votó formalmente el acuerdo el 6 de febrero de 2024.

 

La votación de ayer del Consejo cierra el procedimiento de adopción. El texto de las enmiendas será firmado ahora por los colegisladores. A continuación, se publicará en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor 20 días después. Los Estados miembros tendrán hasta 18 meses para incorporar la Directiva modificada a su ordenamiento jurídico nacional.

 

 

28/02/24 (ESGtoday): El Consejo de la UE no aprueba la nueva ley de diligencia debida sobre sostenibilidad, derechos humanos y medio ambiente

 

Una pieza clave de la legislación de la UE que establece obligaciones obligatorias para las empresas para abordar sus impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente recibió hoy un duro golpe al no lograr la aprobación final por parte del Consejo Europeo, tras las objeciones de países como Alemania e Italia, a pesar de una acuerdo provisional sobre el reglamento alcanzado anteriormente por el Consejo con el Parlamento de la UE.

 

El revés a la directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa (CSDDD), sigue a un proceso de cuatro años para avanzar en la regulación, comenzando con estudios de la Comisión Europea en 2020 sobre los deberes de los directores y el gobierno corporativo sostenible y sobre los requisitos de diligencia debida en la cadena de suministro.

 

Si bien el Consejo adoptó su posición sobre la directiva a finales de 2022 y alcanzó un acuerdo sobre la CSDDD con el Parlamento en diciembre de 2023, el mes pasado se pospuso una votación sobre su aprobación en el Consejo, después de que Alemania amenazara con no apoyar el reglamento por preocupaciones de los sectores burocrático y el posible impacto legal que tendría en las empresas, y quedó en mayor duda cuando, según informes, Italia también retiró posteriormente su apoyo.

 

Si bien hoy se hizo un último intento para aprobar la directiva en el Consejo, estos esfuerzos supuestamente se descarrilaron aún más por un esfuerzo de último minuto por parte de Francia para reducir significativamente el alcance de las nuevas reglas para que se apliquen solo a empresas con más de 5.000 empleados, en lugar del umbral propuesto de 500 empleados, eliminando efectivamente aproximadamente el 80% de las empresas de las obligaciones del CSDDD.

 

Después de intentar lograr la aprobación, la Presidencia belga del Consejo emitió un comunicado que decía: “A pesar de los esfuerzos de la Presidencia, no se encontró el apoyo necesario (por mayoría cualificada). “Ahora tenemos que considerar la situación y veremos si es posible abordar las preocupaciones planteadas por los estados miembros, en consulta con el Parlamento Europeo”.

 

Isabella Ritter, responsable de políticas de la UE en ShareAction, dijo: “Ahora es una carrera contra el tiempo para que la Presidencia belga trabaje con los líderes de la UE para poner fin al estancamiento y encontrar una manera de garantizar que se apruebe esta legislación crucial”.

 

28/02/24 (CompromisoRSE): El Parlamento Europeo aprueba la Ley de Restauración de la Naturaleza

 

A fin de alcanzar estos objetivos generales, los Estados miembros deben restaurar al menos el 30 % de los hábitats contemplados en la nueva ley (desde bosques, pastizales y humedales hasta ríos, lagos y lechos coralinos) para que pasen de un estado deficiente a uno bueno en 2030, porcentaje que aumentará al 60 % en 2040 y al 90 % en 2050. De acuerdo con la posición del Parlamento, los países de la UE deben dar prioridad a las zonas de la Red Natura 2000 hasta 2030. Cuando un área se encuentre en buenas condiciones, los países de la UE velarán por que no se deteriore de manera considerable. Los Estados miembros también tendrán que adoptar planes nacionales de restauración que detallen cómo pretenden alcanzar estos objetivos.

Ecosistemas agrícolas

 

Con vistas a mejorar la biodiversidad de los agroecosistemas, los países de la UE habrán de avanzar en dos de los tres indicadores siguientes: el índice de mariposas de los pastizales; la proporción de tierras agrícolas con características paisajísticas muy diversas, y las reservas de carbono orgánico en suelos minerales de tierras de cultivo. Además, deben tomarse medidas para aumentar el índice de aves comunes ligadas a medios agrarios, ya que estos animales son buenos indicadores del estado general de la biodiversidad.

 

Dado que la restauración de las turberas drenadas es una de las formas más rentables de reducir las emisiones en el sector agrícola, los países de la UE deben reparar al menos el 30 % de las mismas (como mínimo deberá rehumedecerse una cuarta parte), el 40 % de aquí a 2040 y el 50 % para 2050 (donde habrá que rehumedecer al menos una tercera parte). El proceso de rehumidificación seguirá siendo de carácter voluntario para los agricultores y propietarios particulares.

 

A petición del Parlamento, la ley incluye un «freno de emergencia» que permitirá suspender los objetivos para los agroecosistemas en circunstancias extraordinarias si merman en gran medida las tierras necesarias para una producción suficiente de alimentos para el consumo de la UE.

 

Otros ecosistemas

 

Por otro lado, la ley exige una evolución positiva de varios indicadores en los ecosistemas forestales y que se planten 3 000 millones de árboles más. Los Estados miembros también tendrán que convertir al menos 25 000 km de ríos en cauces libres y garantizar que no se produzca una pérdida neta de la superficie nacional total de espacios verdes urbanos y de cubierta arbórea urbana.

 

Tras la votación, el ponente César Luena (S&D, España), declaró: “Hoy es un día importante para Europa: de la protección y conservación de la naturaleza pasamos a la restauración. La nueva ley nos ayudará a cumplir muchos de nuestros compromisos internacionales en materia medioambiental. El reglamento servirá para recuperar los ecosistemas degradados al tiempo que respetará al sector primario al dar flexibilidad a los Estados miembros. Debemos dar las gracias a la comunidad científica por luchar contra el negacionismo climático y aportar las evidencias, y a la juventud por recordarnos que no hay planeta B ni plan B”.

 

 

27/02/24 (EfeVerde): Europa endurece las sanciones para los delitos ambientales

 

El Parlamento Europeo ha aprobado nuevas normas y sanciones para los delitos ambientales con penas de hasta 10 años de cárcel en los delitos individuales y multas para las empresas de hasta el 5 % de la facturación mundial o 40 millones de euros.

 

La directiva que fue aprobada con 499 votos a favor, 100 en contra y 23 abstenciones, según indicó el Parlamento Europeo, contiene una lista actualizada de delitos, entre los que se incluye el comercio ilegal de madera, el agotamiento de los recursos hídricos, las infracciones graves de la legislación europea sobre productos químicos y la contaminación causada por los buques.

 

La normativa, asimismo, contempla el denominado ‘delito cualificado’, como los incendios forestales a gran escala o la contaminación generalizada del aire, el agua y el suelo, “que conlleva la destrucción de un ecosistema y es, por tanto, equiparable al ecocidio”, de acuerdo con la Eurocámara.

 

“Los delitos contra el medioambiente cometidos por personas y representantes de empresas se castigarían con penas de cárcel en función de la duración, la gravedad o la reversibilidad de los daños”, expuso el PE.

 

Los delitos cualificados podrían ser castigados con ocho años de prisión, los que causen la muerte de una persona con diez años y los demás con hasta cinco años.

 

El Parlamento subrayó que todos los infractores estarían obligados a restablecer el entorno dañado y a ofrecer compensación, además de enfrentarse a multas.

 

Multas de hasta el 5% de la facturación mundial. Para las empresas, las multas alcanzarán el 3 % o el 5 % de su facturación mundial anual o, alternativamente, 24 o 40 millones de euros, según la naturaleza del delito.

 

“Los Estados miembros podrán decidir si persiguen delitos penales que no hayan tenido lugar en su territorio”, apuntó la Eurocámara.

 

La institución comunitaria insistió en que las personas que denuncien delitos contra el medioambiente deben recibir apoyo y asistencia en el marco de un proceso penal.

“También garantizó que los Estados miembros impartirán una formación especializada para policías, jueces y fiscales, prepararán estrategias nacionales y organizarán campañas de sensibilización para luchar contra la delincuencia medioambiental”, manifestó.

 

Agregó que los datos recogidos por los Gobiernos de la Unión Europea sobre delitos contra el medioambiente “deberían ayudar a abordar mejor esta cuestión y a la Comisión a actualizar periódicamente la lista”.

 

“Ya es hora de que luchemos contra la delincuencia transfronteriza a escala europea con sanciones armonizadas y disuasorias para prevenir nuevos delitos medioambientales. En virtud de este acuerdo, quienes contaminen lo pagarán”, declaró el ponente de la Eurocámara, el neerlandés del Partido Popular Europeo Antonius Manders.

 

Entrada en vigor. La directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el boletín oficial de la Unión Europea y los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporar las normas a sus sistemas nacionales.

 

La delincuencia medioambiental es la cuarta actividad delictiva del mundo y una de las principales fuentes de ingresos de la delincuencia organizada, junto con la droga, las armas y el tráfico de seres humanos. La Comisión presentó en diciembre de 2021 una propuesta para reforzar la protección del medio ambiente en la UE mediante el Derecho penal, con el objetivo de paliar el creciente número de infracciones penales contra el medio ambiente.

 

 

26/02/24 (UE): GreenData4All: normas actualizadas sobre datos geoespaciales medioambientales y sobre el acceso a la información medioambiental

 

La iniciativa GreenData4All contribuirá a alcanzar la transformación ecológica y digital de Europa mediante la actualización de las normas de la UE sobre datos geoespaciales medioambientales y sobre el acceso público a la información medioambiental. Su objetivo es:

 

– permitir un mayor intercambio de datos entre el sector público y el privado y con los ciudadanos

– aprovechar plenamente las ventajas del intercambio de datos para la innovación impulsada por los datos y las decisiones basadas en pruebas.

 

Plazo para comentarios: 26/02/24 – 25/03/24

Adopción prevista por la Comisión: Primer trimestre de 2025

 

 

22/02/24 (UE): ¿Cómo abordar las necesidades de infraestructura digital de Europa?

 

El Libro Blanco “¿Cómo satisfacer las necesidades de infraestructura digital de Europa?” analiza los desafíos que Europa enfrenta actualmente en el despliegue de futuras redes de conectividad y presenta posibles escenarios de cara al futuro. Los desafíos son múltiples: tecnología, necesidades de inversión, falta de mercados únicos para las telecomunicaciones, falta de igualdad de condiciones, dependencia, enfoque fragmentado para la gestión del espectro radioeléctrico, necesidad de más innovación y capacidades industriales en toda la cadena de valor de las telecomunicaciones, sostenibilidad y seguridad.

 

Hay varios escenarios posibles para abordar esos desafíos, atraer inversiones, fomentar la innovación, aumentar la seguridad y lograr un verdadero Mercado Único Digital. La Comisión pretende recopilar opiniones sobre los escenarios esbozados en el Libro Blanco y ofrecer a todas las partes interesadas: Estados miembros, sociedad civil, industria y académicos por igual, la oportunidad de contribuir a las futuras propuestas de la Comisión en este ámbito.

 

Plazo para comentarios: 22/02/24 – 30/06/24

 

 

22/02/24 (UE): Mejorar la protección de los tiburones mediante una pesca y un comercio sostenibles

 

En respuesta a la iniciativa ciudadana europea «Stop finning — Stop the trade» (Prohibición del cercenamiento y del comercio de aletas de tiburones), la Comisión está estudiando medidas para mejorar la protección de los tiburones. Esto incluye la posibilidad de que los tiburones solo se vendan, ya sea para su consumo dentro de la UE o para el comercio internacional, con sus aletas.

 

Cualquier posible iniciativa de la Comisión tendrá en cuenta los resultados de una evaluación del impacto medioambiental, social y económico de dichas medidas.

 

Plazo para comentarios: 22/02/24 – 16/05/24

 

 

22/02/24 (CompromisoRSE): La UE establecerá un marco de certificación para la absorción de carbono

 

Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo político provisional sobre un Reglamento por el que se establece el primer marco de certificación a escala de la UE para la absorción permanente de carbono, la captura de carbono en suelos agrícolas y el almacenamiento de carbono en productos. Este marco de carácter voluntario tiene por objeto facilitar y acelerar la implantación en la UE de un alto nivel de calidad en las actividades de absorción de carbono y de reducción de las emisiones del suelo.

 

Una vez que entre en vigor, el Reglamento será el primer paso para establecer un marco global de absorción de carbono y de reducción de las emisiones del suelo en la legislación de la UE, y contribuirá al ambicioso objetivo de la UE de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, tal como establece el Reglamento sobre el Clima.

El acuerdo es provisional a la espera de que ambas instituciones lo adopten formalmente.

Ámbito de aplicación del Reglamento

 

El Reglamento incluye una definición abierta de la absorción de carbono, que está en consonancia con la utilizada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) de las Naciones Unidas y que hace referencia únicamente a la absorción de carbono atmosférico y biogénico. El Reglamento se aplicará a las siguientes actividades de absorción de carbono y de reducción de las emisiones y establece una diferenciación entre los cuatro tipos de unidades correspondientes:

 

– la absorción permanente de carbono (almacenamiento del carbono atmosférico o biogénico durante varios siglos);

– el almacenamiento temporal de carbono en productos duraderos (como productos de construcción a base de madera), cuya duración debe ser de al menos 35 años y que debe poder controlarse in situ durante todo el período de seguimiento;

– el almacenamiento temporal de carbono mediante la captura de carbono en suelos agrícolas (por ejemplo, mediante la recuperación de bosques y suelos, la gestión de humedales o las praderas de vegetación marina);

– la reducción de las emisiones del suelo (mediante la captura de carbono en suelos agrícolas), lo que incluye la reducción del carbono y del óxido nitroso mediante la gestión del suelo y de actividades que deben conducir, en términos generales, a una reducción de las emisiones de carbono del suelo o a un incremento de la absorción de carbono de materia biológica (algunos ejemplos de este tipo de actividad son la gestión de humedales, la siembra directa, las prácticas de cultivo de cobertura o la reducción del uso de fertilizantes combinada con prácticas de gestión del suelo).

 

Con respecto a la propuesta de la Comisión, lo anterior supone ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento a la reducción de las emisiones del suelo. El almacenamiento temporal de carbono mediante la captura de carbono en suelos agrícolas y la reducción de las emisiones del suelo deben llevarse a cabo durante al menos cinco años para obtener la certificación y no deben dar lugar a adquisiciones de tierras con fines especulativos que afecten negativamente a las comunidades rurales.

 

Se encarga a la Comisión que, de aquí a 2026, elabore un informe sobre la viabilidad de certificar actividades que den lugar a la reducción de otras emisiones no relacionadas con los suelos (el carbono y el óxido nitroso). El informe se basará en una metodología de certificación piloto para actividades que reduzcan las emisiones agrícolas procedentes de la fermentación entérica y la gestión de estiércol.

 

Las actividades que no den lugar a la absorción de carbono o a la reducción de las emisiones del suelo, como, por ejemplo, la deforestación evitada o los proyectos de energías renovables, no se incluyen en el ámbito de aplicación del Reglamento. Los colegisladores también han acordado excluir la recuperación mejorada de hidrocarburos de las actividades permanentes de absorción de carbono y estipular expresamente que las actividades y los operadores del medio marino se incluyen en el ámbito de aplicación del Reglamento.

 

Las nuevas normas se aplicarán a las actividades que tengan lugar en la UE. No obstante, al revisar el Reglamento, la Comisión debe estudiar la posibilidad de permitir el almacenamiento geológico de carbono en terceros países vecinos, siempre que dichos países cumplan las normas medioambientales y de seguridad de la UE.

Criterios de certificación y procedimiento

 

El acuerdo provisional mantiene el requisito de la propuesta de la Comisión que establece que las actividades de absorción de carbono deben satisfacer cuatro criterios generales para obtener la certificación: la cuantificación, la adicionalidad, el almacenamiento a largo plazo y la sostenibilidad.

 

A partir de estos criterios, la Comisión, asistida por un grupo de expertos, elaborará metodologías elaborará metodologías de certificación adaptadas a los distintos tipos de actividades de absorción de carbono, para que los criterios de absorción de carbono se apliquen de manera correcta, armonizada y rentable. Los colegisladores han introducido algunos cambios para definir con mayor precisión a partir de qué criterios deben desarrollarse las metodologías y han incluido una lista de indicaciones sobre las actividades que deben priorizarse.

 

Los colegisladores han convenido en mantener los elementos principales del proceso de certificación y el carácter voluntario de la certificación, pero han aclarado de forma más precisa el funcionamiento del proceso.

 

En cuanto a la sostenibilidad de la captura de carbono en suelos agrícolas, los colegisladores han aclarado cómo deben interpretarse los objetivos de sostenibilidad y han establecido el requisito de que las actividades de captura de carbono en suelos agrícolas siempre generen al menos un beneficio secundario para la biodiversidad (como, por ejemplo, la salud del suelo o la prevención de su degradación).

 

Por lo que respecta a las actividades de captura de carbono en suelos agrícolas, el acuerdo provisional permite a los Estados miembros ofrecer asesoramiento a los agricultores sobre el procedimiento de solicitud y posibilita las sinergias entre el sistema de identificación de parcelas agrícolas (SIP) de la política agrícola común y la información generada en el proceso de certificación en virtud de este marco.

Beneficio neto

 

Las actividades certificadas de absorción de carbono y de reducción de las emisiones del suelo generarán unidades correspondientes (siendo una unidad igual a una tonelada métrica equivalente de CO2 de beneficio neto certificado resultante de una actividad de absorción de carbono o de reducción de las emisiones del suelo).

 

Los colegisladores han acordado además que las unidades certificadas solo podrán utilizarse para los objetivos climáticos de la UE y la contribución determinada a nivel nacional (CDN) y no podrán contribuir a las CDN de terceros países ni a ningún régimen internacional de cumplimiento. Estas normas, incluidas las relativas a los ajustes correspondientes, se revisarán en 2026.

Seguimiento y responsabilidad

 

El Reglamento establece obligaciones de seguimiento y normas de responsabilidad claras para los operadores. Los negociadores han acordado distinguir entre el período de la actividad y el período de seguimiento (que siempre abarca al menos el período de la actividad) y han aclarado que los operadores serán responsables de tratar los casos de reversión (es decir, los casos en los que el CO2 vuelve a ser liberado a la atmósfera) que se deriven de una actividad de absorción de carbono durante el período de seguimiento.

 

El acuerdo pide a la Comisión que incluya mecanismos de responsabilidad al desarrollar las metodologías de certificación. Los mecanismos de responsabilidad deben abordar los casos de reversión y las consecuencias de un incumplimiento o de un seguimiento incompleto o interrumpido por parte de los operadores durante el período de seguimiento. Podrán consistir en reservas colectivas o en cuentas de unidades de absorción de carbono y en mecanismos de seguro anticipado.

 

Registro de la UE. El texto acordado por los colegisladores pide a la Comisión que cree un registro electrónico común y transparente a escala de la UE cuatro años después de la entrada en vigor del Reglamento para hacer pública y accesible la información sobre la certificación y las unidades, incluidos los certificados de conformidad y los resúmenes de las auditorías de certificación. Hasta ese momento, los regímenes de certificación con arreglo al marco deben prever registros públicos basados en sistemas automatizados e interoperables. Los colegisladores también han establecido normas sobre la financiación del registro de la UE, que se financiará mediante tasas de utilización fijas, de carácter anual, que serán proporcionales al uso del registro.

 

 

21/02/2024 (Residuos profesional): Aprobada la directiva que prohíbe las afirmaciones verdes engañosas

 

El Consejo de la UE ha adoptado una directiva para capacitar a los consumidores para la transición verde. Las nuevas normas reforzarán los derechos de los consumidores modificando la Directiva sobre prácticas comerciales desleales (UCPD) y la Directiva sobre derechos de los consumidores (CRD) y adaptándolas a la transición verde y la economía circular. Este es el último paso en el procedimiento de toma de decisiones.

 

La Directiva protegerá a los consumidores contra las afirmaciones «verdes» engañosas, incluidas las relativas a la compensación de las emisiones de carbono.

 

También aclarará la responsabilidad de los comerciantes en casos de información (o falta de información) sobre obsolescencia prematura, actualizaciones innecesarias de software u obligación injustificada de comprar piezas de recambio al productor original.

 

La Directiva también mejorará la información de que disponen los consumidores para ayudarles a tomar decisiones circulares y ecológicas. Por ejemplo, los productos de toda la UE llevarán una etiqueta armonizada con información sobre la garantía comercial de durabilidad.

 

“Gracias a la directiva adoptada hoy, los consumidores estarán mejor informados, mejor protegidos y mejor equipados para ser verdaderos actores de la transición verde”, afirmó Pierre-Yves Dermagne, viceprimer ministro belga y ministro de Economía y Empleo.

 

Tras la aprobación por parte del Consejo de la posición del Parlamento Europeo, se ha adoptado el acto legislativo. Tras ser firmada por los presidentes de la Eurocámara y del Consejo, la directiva se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor a los veinte días de su publicación.

 

Esta es una de las iniciativas establecidas en la Nueva Agenda del Consumidor 2020 y el Plan de Acción de Economía Circular 2020 de la Comisión Europea y se presenta como continuación del Pacto Verde Europeo. Forma parte de un paquete de cuatro propuestas, junto con el reglamento de ecodiseño y las propuestas de directiva sobre afirmaciones verdes y promoción de la reparación (derecho a reparar).

 

 

20/02/24 (EFEVerde): La UE establece estándares de calidad del aire más estrictos y contaminación cero en 2050

 

La presidencia belga del Consejo de la Unión Europea y los negociadores del Parlamento Europeo llegaron este martes a un acuerdo provisional para reducir la contaminación del aire en la Unión Europea, con el objetivo de eliminarla en 2050.

 

La nueva ley, que entrará en vigor tras su adopción formal por el Consejo y la Eurocámara, establece estándares de calidad del aire más estrictos, con indices comparables en todos los Estados miembros, y favorece el acceso a la justicia y el derecho a indemnización de los ciudadanos por los daños causados por una contaminación que provoca unas 300.000 muertes prematuras al año en la UE. También busca alinear los estándares de calidad del aire de la UE con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

 

Límites más estrictos para 2030

 

Las nuevas normas establecen límites y valores objetivo para 2030 más estrictos, en comparación con las normas actuales, para varios contaminantes, incluidas las partículas finas (PM2,5, PM10), NO2 (dióxido de nitrógeno) y SO2 (dióxido de azufre).

 

Para los dos contaminantes con mayor impacto documentado en la salud humana, PM2,5 y NO2, los valores límite anuales se reducirán a más de la mitad, de 25 µg/m³ a 10 µg/m³ y de 40 µg/m³ a 20 µg/m³. respectivamente.

 

También habrá más puntos de muestreo de la calidad del aire en las ciudades.

 

Las normas de calidad del aire se revisarán antes del 31 de diciembre de 2030 y, a partir de entonces, al menos cada cinco años y con más frecuencia si se desprenden de nuevos hallazgos científicos.

 

Ahora bien, los Estados miembros podrán solicitar que el plazo de 2030 se posponga hasta diez años, si se cumplen condiciones específicas y en condiciones estrictas.

 

Objetivos de calidad del aire vigentes y propuestos por la UE y la OMS

 

 

Directiva vigente Directiva (2030) OMS (2021)
NO2 (anual) 40 µg/m3 20 µg/m3 10 µg/m3
PM10 (anual) 40 µg/m3 20 µg/m3 15 µg/m3
PM2,5 (anual) 20 µg/m3 10 µg/m3 5 µg/m3
Ozono (diario) 120 µg/m3 (25 días) 120 µg/m3 (18 días) 100 µg/m3 (3 días)

 

Hojas de ruta. Además de los planes de calidad del aire, necesarios para aquellos países de la UE que superen los límites, todos los Estados miembros tendrán que crear hojas de ruta de calidad del aire antes del 31 de diciembre de 2028 que establezcan medidas a corto y largo plazo para cumplir con los nuevos valores límite para 2030.

 

Indemnizaciones. Los índices de calidad del aire actualmente fragmentados en toda la UE serán comparables, claros y disponibles públicamente, al tiempo que proporcionarán información sobre los síntomas asociados con los picos de contaminación del aire y los riesgos para la salud asociados con cada contaminante, incluida información adaptada a los grupos vulnerables, como niños, ancianos o enfermos.

 

Los ciudadanos afectados y las ONG ambientalistas y de salud pública tendrán acceso justo, oportuno y no prohibitivamente costoso a la justicia para impugnar la implementación de esta nueva normativa en los Estados miembros, y tendrán derecho a una indemnización cuando su salud haya sido dañada por la violación de las nuevas normas nacionales, que podrán establecer sanciones a quienes infrinjan la ley.

 

 

16/02/24 (EFEVerde): La UE pacta ampliar la prohibición y las multas por vertidos de aguas residuales y basura de los barcos al mar

 

El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado  un acuerdo para ampliar la prohibición existente de vertidos de petróleo, aguas residuales y basura desde barcos, además de para fijar multas “disuasorias, efectivas y proporcionadas”.

 

El pacto supone la revisión de una directiva sobre seguridad marítima para garantizar “que los responsables de vertidos ilegales de sustancias contaminantes estén sujetos a sanciones disuasorias, efectivas y proporcionadas para mejorar la seguridad marítima y proteger mejor el medio marino de la contaminación causada por los buques”, según el Consejo de la UE.

 

A la espera de aprobación formal

 

La nueva normativa, que entrará en vigor tras la aprobación formal definitiva por el Consejo y la Eurocámara, amplía la lista actual de sustancias cuya descarga desde los buques está prohibida, como petróleo y sustancias líquidas nocivas, para incluir también la descarga de aguas residuales, basura y residuos de depuradores.

 

Los colegisladores pactaron que se revise la normativa cinco años después de su transposición a la legislación nacional de los Estados miembros para evaluar si la basura plástica marina, la pérdida de contenedores y los derrames de pellets de plástico de los barcos también deberían enfrentar sanciones.

 

Para evitar que los vertidos ilegales se dispersen y, por tanto, se vuelvan indetectables, el texto acordado prevé la comprobación digital de todas las alertas de alta confianza de CleanSeaNet (el sistema europeo de satélites para la detección de derrames de petróleo y buques) y el objetivo de verificar al menos el 25 % de ellas por parte de las autoridades nacionales competentes.

 

La normativa establece además un marco jurídico reforzado para las sanciones y su aplicación efectiva, que permita a las autoridades nacionales garantizar una imposición disuasoria y coherente de las multas a los incidentes de contaminación procedente de buques en todos los mares europeos.

 

Separa, asimismo, el régimen de sanciones administrativas del régimen de sanciones penales consagrado en el nuevo proyecto de directiva sobre delitos medioambientales.

En este sentido, el acuerdo provisional indica claramente que la legislación pactada se refiere únicamente a sanciones administrativas, trazando así una línea clara entre el ámbito de aplicación de esta directiva y el del nuevo proyecto de ley sobre delitos medioambientales.

 

 

15/02/24 (UE): Directiva relativa a la reducción de las emisiones nacionales: evaluación

 

La legislación de la UE sobre la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos establece compromisos que cada Estado miembro de la UE debe cumplir en relación con cinco contaminantes atmosféricos que perjudican gravemente a la salud humana y al medio ambiente.

 

Esta evaluación valorará si la legislación ha logrado sus objetivos y si estos siguen siendo pertinentes a la vista de la evolución de las circunstancias.

 

Plazo para comentarios: 15/02/24 – 14/03/24

Adopción prevista por la Comisión: Cuarto trimestre de 2025

 

 

14/02/24 (UE): Ayuda a las personas más desfavorecidas: evaluación del FEAD 2014-2020

 

El objetivo del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) es paliar las peores formas de pobreza en la UE y promover la inclusión social. La evaluación ex post analizará el rendimiento global del FEAD en 2014-2020, es decir, su eficacia, eficiencia y pertinencia, así como el valor añadido de la UE y la complementariedad y coherencia con otros fondos, estrategias e instrumentos. También evaluará su adaptabilidad a las nuevas necesidades existentes debidas a la pandemia de COVID-19, los refugiados ucranianos y el suministro de energía.

 

Plazo para comentarios: 14/02/24 – 08/05/24

Adopción prevista por la Comisión: Cuarto trimestre de 2024

 

 

13/02/24 (Gob. España): El Gobierno retoma el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y lo remite a las Cortes

 

El Consejo de Ministros ha dado luz verde, en su reunión de este martes, al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que será remitido a las Cortes Generales para su tramitación por la vía de urgencia y aprobación en 2024, cumpliendo así con uno de los objetivos acordados con la Comisión Europea en la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Gobierno ha aprobado el mismo texto validado en diciembre de 2022, que decayó como Proyecto de Ley al disolverse el Congreso y el Senado por la convocatoria de elecciones de generales.

 

Durante el trámite parlamentario, el texto legislativo está abierto a las enmiendas que puedan presentar los diputados y grupos parlamentarios para dar respuesta a los retos que han surgido en los últimos meses en un sector tan dinámico como el del transporte.

 

Los cuatro pilares de la ley. La futura ley constituirá el marco normativo que permitirá a las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de movilidad y transporte de los ciudadanos y a los retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.

 

Así, la norma regulará soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo, y fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura y de operadores públicos y privados. Digitalizar y compartir datos ayudará, entre otras cosas, a abrir nuevas oportunidades de negocios y a mejorar la toma de decisiones.

 

El nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en nuestro país se sustenta en cuatro pilares:

 

– Un derecho social: por primera vez, la ley reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar. La movilidad deberá ser accesible e inclusiva y ofrecer soluciones para todas las personas de tal manera que las administraciones deberán trabajar de forma coordinada para garantizar este derecho, con especial énfasis en las necesidades de movilidad cotidiana de toda la ciudadanía, incluyendo el ámbito rural. También se pone de manifiesto la importancia estratégica del transporte de mercancías, como sustento de la actividad económica del país.

 

– Limpia y sana: el transporte es responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, por lo que urge avanzar en la descarbonización del sector para cumplir con los compromisos internacionales y contribuir a mejorar la calidad del aire.

 

Se busca, así, priorizar la movilidad activa (caminar, ir en bici) y un transporte público colectivo accesible y asequible para todas las personas. La Ley trata de promover alternativas atractivas al vehículo privado, como sistemas de transporte público a la demanda, sistemas de movilidad colaborativa o compartida.

 

También se busca reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones que se regulan en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La Ley abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones. Para crear esta tasa es necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permite garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si implementa la tasa o no.

 

– Un sistema digital e innovador: la ley incluye la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), donde empresas de transporte, gestores de infraestructuras y administraciones compartirán sus datos, lo que permitirá optimizar la toma de decisiones de todos los actores a la hora de planificar la ejecución de nuevas infraestructuras y la puesta en marcha de nuevos servicios.

 

La Ley incluirá herramientas para facilitar la innovación. Por ejemplo, se crea un sandbox de movilidad para probar soluciones innovadoras de movilidad en un espacio controlado de pruebas y facilitar su llegada al mercado. También recoge los principios que deberán seguir las administraciones para regular y promocionar la introducción de los vehículos autónomos, en todos los modos, priorizando la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los derechos de las personas y fomentando la colaboración público-privada. En el caso de automóviles autónomos, el texto establece una ventanilla única para facilitar que se realicen pruebas en vías públicas.

 

– Invertir mejor al servicio de la ciudadanía: el cuarto pilar de la Ley apuesta por mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad, así como por incluir nuevas herramientas que permitan una mayor participación pública. La Ley recoge gran parte de las recomendaciones de la AIReF y otros organismos, estableciendo análisis ex ante y ex post que garanticen la rentabilidad socioambiental de todas las actuaciones, y mecanismos para reforzar la transparencia y rendición de cuentas.

El Sistema Nacional de Movilidad Sostenible. Para lograr estos objetivos y constituir una política de transportes y movilidad que ponga al ciudadano en el centro de la esfera de la movilidad, es imprescindible la cooperación entre las tres administraciones: Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Para ello la ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible que facilitará esta coordinación.

 

Este sistema consta de varios instrumentos: un foro de cooperación entre todas las administraciones, el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible; un órgano consultivo para facilitar la cooperación de éstas con el sector y los usuarios, el Consejo Superior de Movilidad Sostenible; un instrumento digital para garantizar la compartición de datos relativos a la movilidad (EDIM); y un documento estratégico de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible elaborado de forma coordinada con todas las administraciones (DOMOS).

 

Otras reformas introducidas por la nueva Ley. La nueva Ley garantizará la contribución financiera del Estado para la movilidad sostenible en el ámbito urbano mediante un sistema homogéneo y predecible. Además, establece la obligación de que las Administraciones velen por incentivar y promover soluciones sostenibles, priorizando la movilidad activa y el transporte público colectivo. Se trata de avanzar en la transformación “de la ciudad de los coches” a la “ciudad de las personas”.

 

Además, se introduce la obligación de que los grandes centros de actividad y las empresas de más de 500 trabajadores por centro, o 250 por turno, dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo. Estos planes se consideran una herramienta imprescindible para avanzar en el impulso de la movilidad sostenible en los trayectos de ida y vuelta al trabajo. Las empresas podrán optar por distintas alternativas como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo. Esta medida está en línea con los principios abordados en la Negociación Colectiva Verde, promovida por el Ministerio de Trabajo durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

 

Asimismo, se establecen mayores exigencias en la planificación de los transportes y la movilidad. A nivel estatal se elaborará un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad (IPEEM), y para los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes se establecen los Planes de Movilidad Urbana Sostenible Simplificados.

 

A su vez, se establece que los planes de movilidad urbana sostenible deben contener medidas de ordenación de la distribución urbana de mercancías, cooperando con otros municipios colindantes para el establecimiento de criterios homogéneos para facilitar el transporte y la logística de última milla entre núcleos urbanos colindantes.

Vertiente social y digitalización. En la vertiente social, la ley fomenta la realización de campañas de concienciación y sensibilización en materia de movilidad sostenible y segura, y prevé la introducción de formación en este ámbito, con contenidos de educación vial, convivencia y uso de todos los modos de transporte y movilidad sostenible en condiciones de seguridad.

 

En cuanto a la digitalización, la ley profundiza en obligaciones ya existentes en la normativa europea relativas a que los proveedores de servicios de transporte de viajeros, así como los gestores de infraestructuras, faciliten la información de los servicios al Punto de Acceso Nacional. Esta información facilita la creación de aplicaciones y otras soluciones de planificación de rutas y viajes, que hacen más sencillo el uso del transporte público y fomentan la intermodalidad. Además, se mejorará la información pública sobre la localización de los puntos de recarga eléctrica.

Una norma en línea con los acuerdos internacionales. La Ley forma parte de las reformas que el Gobierno se ha comprometido con Europa en el marco del Plan de Recuperación. Es la reforma 2 del Componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos.

 

Esta nueva norma contribuirá cumplir con los acuerdos internacionales asumidos por España para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 de la ONU y la COP21 de París, y con las estrategias europeas, como el Pacto Verde Europeo o la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la Comisión Europea.

 

 

10/02/24 (EfeVerde): El Parlamento Europeo y ONG ecologistas rechazan la decisión de Noruega de avalar la minería submarina en el Ártico

 

El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución no vinculante que rechaza la reciente decisión de Noruega de dar luz verde a la posible explotación minera submarina en aguas profundas del Ártico, y ha pedido una moratoria internacional para esas controvertidas prácticas.

 

El texto adoptado por la Eurocámara critica que el Parlamento de Noruega -que no es un Estado miembro de la Unión Europea- haya aprobado que se puedan abrir a la posible explotación comercial minera 281.200 kilómetros cuadrados de fondos marinos, un área equivalente a la superficie de Italia.

 

Noruega se abre así a buscar en el fondo del mar materias primas críticas para la transición energética como zinc o cobalto, necesarias para fabricar baterías eléctricas o paneles solares.

 

Los eurodiputados también piden a la Comisión Europea y a los Estados miembros que trabajen para conseguir una moratoria internacional hasta que haya más estudios sobre el impacto medioambiental de esas prácticas, respetando el principio de precaución.

 

El área acotada por Noruega es también una zona de pesca donde pueden faenar hasta 23 países de la UE, por lo que también podría tener consecuencias para el sector, agrega la resolución.

 

Los eurodiputados subrayan que siete países de la UE “ya han expresado su apoyo a una moratoria, una pausa o una prohibición total de la minería de los fondos marinos, mientras que muchos otros han apoyado una medida idéntica en el marco del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, en septiembre de 2021”.

 

Destacan además que “grandes empresas internacionales, como Volvo, BMW, Volkswagen, Samsung o Phillips, se han comprometido a no obtener ni financiar minerales del fondo marino”.

 

 

10/02/24 (EfeVerde): Luz verde al recorte del CO2 de los camiones en la UE con una cláusula sobre combustibles sintéticos

 

Los países de la Unión Europea aprobaron este viernes el acuerdo informal alcanzado con el Parlamento Europeo para recortar las emisiones de CO2 de los camiones en 2040 después de que Alemania obtuviera una cláusula favorable a los combustibles sintéticos (efuels) y levantara el veto con el que amenazaba a última hora.

 

En concreto, se ha añadido al texto acordado un párrafo que llama a la Comisión Europea a presentar un estudio sobre la viabilidad de ese tipo de combustibles antes de 2027, fecha estipulada antes para evaluar la eficacia de la normativa en general, indicaron a EFE fuentes europeas.

 

Desacuerdo de Alemania

 

Alemania, primer fabricante automovilístico de la UE, ha peleado en distintas negociaciones comunitarias para salvar el motor de combustión a través de los combustibles sintéticos, que funcionan como los combustibles fósiles pero sólo liberan el CO2 que previamente se les ha incorporado.

 

La Comisión Europea, entre otros, considera que ese tipo de combustibles, apenas disponible a escala comercial y muy caros, deberían en todo caso reservarse para industrias difíciles de electrificar, como el transporte marítimo o la aviación.

 

Es la tercera vez este año, y la segunda este viernes, en que Berlín bloquea o pide reabrir un acuerdo ya cerrado, a una altura de la tramitación donde suele confirmarse oficialmente lo acordado previamente, salvo que se detecte alguna anomalía.

 

En las tres ocasiones, la causa ha sido el desacuerdo entre los socios de la coalición de gobierno en Alemania, formada por el Partido Socialdemócrata, los Verdes y los liberales del FDP.

 

Primero fue por un dossier similar sobre la prohibición de venta de coches que emitan CO2 a partir de 2035 y este viernes por los camiones y por una directiva que busca responsabilizar a las grandes empresas del impacto de sus actividades y las de sus proveedores en la sostenibilidad medioambiental y los derechos humanos, obligándoles a vigilar y mitigar estos riesgos.

 

Berlín consideraba que la norma implicaba un exceso de carga burocrática y la presidencia belga del Consejo de la UE retiro el tema de la agenda de votación en la reunión de embajadores al constatar que no tendría mayoría suficiente.

 

También Francia recurrió a esa inusual maniobra recientemente para reabrir una norma sobre energía renovable y reclamar más espacio para el hidrógeno de origen nuclear, mientras que otros países, como España, han criticado públicamente que París y Berlín exijan revisiones de pactos ya cerrados.

 

CO2 en camiones y autobuses

 

En cuanto a los objetivos de descarbonización del transporte pesado, el resto del texto queda inalterado respecto a lo acordado por los negociadores de los Estados miembros, la Eurocámara y la Comisión Europea el pasado 18 de enero.

Camiones y autobuses tendrán que reducir sus emisiones de CO2 en un 90 % para 2040 respecto a 2019, y los autobuses urbanos tendrán que alcanzar ese umbral en 2030 y llegar a cero emisiones en 2035.

 

Los vehículos pesados, que representan el 25 % de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte por carretera de la UE, tendrán que reducir el CO2 que liberan a la atmósfera en un 45 % para 2030 y en un 65 % en 2035, para llegar a una reducción del 90 % en 2040.

 

Estarán incluidos vehículos profesionales, como camiones de basura, volquetes u hormigoneras.

El pleno del Parlamento Europeo tendrá, no obstante, que aprobar la normativa con los cambios introducidos a última hora para que la norma se adopte oficialmente.

 

La organización Transporte y Medioambiente (T&E) señaló tras conocerse el acuerdo que “los combustibles electrónicos son una desviación costosa y tremendamente ineficiente de la transformación a vehículos eléctricos a los que se enfrentan los fabricantes de camiones” y llamó a la UE a dar “claridad a su industria”, que compite con Estados Unidos y China.

 

El Parlamento de la UE debería garantizar que los objetivos de CO2 para camiones entren en vigor sin más demora”.

 

 

09/02/24 EfeVerde): La UE aplaza la votación de la ley sobre la mitigación del su impacto socioambiental de las empresas

 

La Unión Europea ha aplazado la votación, prevista para este viernes 9 de febrero,  sobre la directiva que obligaría a las empresas a mitigar el impacto ambiental y social de sus actividades. El aplazamiento se produce ante la falta de la mayoría necesaria para aprobarla, después de que Alemania anunciase que se abstendría.

 

Bélgica, que preside este semestre el Consejo de la UE, anunció a través de la red social X que el dossier había sido excluido de la agenda de la reunión de embajadores de los Veintisiete en la que iba a tratarse y que el voto se programaría para una fecha posterior aún por determinar.

 

Los diplomáticos debían ratificar el acuerdo político provisional al que habían llegado Estados y Eurocámara el pasado diciembre sobre la ley, un procedimiento normalmente rutinario, pero que se ha topado con la reticencia de último minuto de Alemania y de otros países que le han emulado, como Estonia o Austria.

 

Según explicaron fuentes diplomáticas, el texto no contaba con la mayoría cualificada necesaria para salir adelante por lo que se decidió aplazar la votación.

 

El Ejecutivo alemán, que en diciembre pasado había respaldado el acuerdo con la Eurocámara, anunció esta semana que se abstendría en la votación por considerar que genera demasiada burocracia para las empresas, lo que ha generado división dentro de la propia coalición que conforman Partido Socialdemócrata, Verdes y liberales del FDP.

 

“El Gobierno alemán no está unido. Los Verdes hubiéramos votado a favor”, dijo el secretario de Estado de Economía y Clima alemán, Sven Giegold, a su llegada a un consejo informal de Industria en Genk (Bélgica), argumentando que la directiva garantizaría una competencia justa a nivel europeo en un área donde algunos países, incluida Alemania, ya tienen leyes.

 

No es la primera vez que Berlín bloquea a última hora acuerdos políticos ya cerrados, algo poco usual en el procedimiento de negociación de la UE, ya que el año pasado lo hizo con la directiva para prohibir la venta de coches nuevos que emitan CO2 a partir de 2035 y acabó consiguiendo concesiones adicionales. Poco después, Francia utilizó la misma estrategia para reabrir un acuerdo sobre energías renovables.

 

La directiva de diligencia corporativa busca hacer responsables a las grandes empresas del impacto de sus actividades y las de los socios de su cadena de suministros en la sostenibilidad medioambiental y los derechos humanos, obligándoles a vigilar estos riesgos y a mitigarlos.

Se aplicaría a empresas de la UE y sus filiales con más de 500 empleados y una facturación anual global superior a 150 millones de euros, así como a empresas con 250 empleados y más de 40 millones de euros en facturación en sectores considerados de alto riesgo, como textil, agricultura y pesca, sector alimentario, o minería.

 

Estas compañías tendrían que identificar, evaluar, prevenir, mitigar, poner fin y remediar su impacto negativo y se expondrían a multas de hasta el 5 % de su facturación anual global en caso de incumplimiento.

 

El acuerdo político preveía además mejorar el acceso a la justicia para los posibles afectados e incluía ya algunas concesiones a los Estados, como la exclusión del sector financiero.

 

La organización ecologista Environmental Justice Foundation expresó su preocupación por el retraso y criticó que algunos gobiernos “estén bloqueando irresponsablemente”.

 

“Están en juego la protección de los consumidores, los derechos humanos y la sostenibilidad del planeta para las generaciones futuras. Alemania, en particular, debería preguntarse si quiere tener sobre su conciencia un bloqueo de última hora de esta legislación crucial”, declaró su director, Steve Trent, en un comunicado.

 

 

08/02/24 (La Información): Las empresas extranjeras podrán retrasar dos años sus informes de sostenibilidad

 

El Consejo de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo alcanzaron este miércoles un acuerdo político para que determinados sectores y empresas de terceros países puedan retrasar hasta dos años la presentación de sus informes de sostenibilidad. Ambos colegisladores comunitarios alcanzaron este acuerdo provisional acerca de una directiva relativa a los plazos de adopción de las normas para la elaboración de informes de sostenibilidad, que posteriormente deberá ser aprobado en las dos instituciones.

 

El pacto alcanzado consiste en dar más tiempo a las empresas para prepararse de cara a las normas europeas de información sobre sostenibilidad sectoriales, así como para las normas específicas para grandes empresas no pertenecientes a la UE, indicó el Consejo en un comunicado. Finalmente se adoptarán en junio de 2026, dos años más tarde de la fecha prevista inicialmente.

 

Fuente de información para inversores. La Eurocámara destacó por su parte que la información sectorial de las empresas es clave para permitir comparaciones y, por tanto, ser una valiosa fuente de información para los inversores. Concretamente cuando se trate de empresas de sectores de alto riesgo, como pueden ser el petróleo, el gas o la minería. El Parlamento dijo haberse asegurado de que la Comisión “se esforzará” por publicar normas sectoriales de información sobre sostenibilidad en ocho áreas.

 

Además, el Parlamento pidió ser consultado periódicamente, “al menos una vez al año”, sobre los planes de desarrollo de las normas de información sobre sostenibilidad. La legislación de la UE exige actualmente que las empresas que cotizan en bolsa divulguen información sobre los riesgos y oportunidades derivados de cuestiones sociales y medioambientales para ayudar a los inversores, la sociedad civil, los consumidores y otras partes interesadas a evaluar la sostenibilidad ecológica y social de sus actividades.

 

En julio pasado, la Comisión adoptó las primeras normas y estándares transversales para todos los temas de sostenibilidad, con el fin de facilitar esta información. Les siguieron normas sectoriales, para las pymes y para empresas de terceros países con un volumen de negocios de 150 millones de euros en la UE y que tengan al menos una filial o sucursal en la UE.

 

Todas esas nuevas normas estaba previsto que se aplicaran desde el próximo 30 de junio, pero el acuerdo de hoy aplaza la adopción de las nuevas normas al 30 de junio de 2026. Esto dará más tiempo para desarrollar normas de sostenibilidad específicas para cada sector, apuntó el Consejo.

 

06/02/24 (La Información): Los cambios en la normativa de los fondos ESG amenazan con reducir las inversiones

 

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por su siglas en inglés) comenzará a aplicar nuevos requisitos en los próximos meses, centrándose en los fondos que hacen referencia a inversiones ESG incluyendo conceptos como sostenibilidad, transición e impacto en sus nombres, para asegurarse de que estos términos reflejen realmente el contenido de la cartera. Las reglas de ESMA se aplicarán tres meses después de la publicación del texto definitivo, y tendrán efecto inmediato sobre los gestores de nuevos fondos. Los gestores de fondos existentes tendrán un plazo de seis meses para ajustarse a la normativa, aunque ya están obligados a revisar las tenencias de sus carteras y realizar los ajustes necesarios.

 

ESMA actualizó el pasado diciembre una propuesta no definitiva de normativa para los nombres de fondos. En ella apuntaba nuevos requisitos, entre los que destaca que el 80% de los activos de la cartera debe estar alineado con el nombre del fondo. En relación con los fondos de impacto señalaba que estos deben asegurarse de que las inversiones generen, o estén en camino de generar, beneficios positivos y medibles. Respecto a los fondos de transición incluía que estos deben aplicar exclusiones establecidas en los criterios del Índice de Transición Climática. Y en cuanto a los fondos de sostenibilidad, dictaba que los mismos tienen que aplicar exclusiones establecidas en los criterios del Índice Alineado con París y deben centrarse “de manera significativa en inversiones sostenibles”.

 

Por su parte, la Comisión Europea ha iniciado una revisión del conjunto de reglas generales de inversión ASG de la UE, conocido como el Requisito de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR según sus siglas en inglés), que incluye diversas condiciones, como que dichas inversiones deben contribuir a objetivos ambientales o sociales, no causen un daño significativo a otros objetivos similares y sigan prácticas de buena gobernanza.

Sospechas de fraude

 

La autoridad europea había propuesto algunos cambios en noviembre de 2022, después de que los gestores de activos inundaran el mercado con fondos que afirmaban promover objetivos ambientales y sociales. La atención regulatoria reveló que algunos gestores de fondos no estaban haciendo lo suficiente para justificar sus materiales de marketing ESG, y en muchos casos, los fondos habían hecho poco más que excluir tabaco o armas controvertidas.

 

La semana pasada, ESMA emitió un informe contundente sobre los fondos que afirman promover los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, después de encontrar que las carteras no eran significativamente diferentes de otros productos de inversión. Las afirmaciones engañosas amenazan con socavar la confianza de los inversores y obstaculizar la financiación tan necesaria, advirtió el organismo de control. Los criterios de exclusión obligatoria propuestos por ESMA cubren empresas que venden armas controvertidas y tabaco; empresas que superan los niveles especificados de ventas de carbón, petróleo y gas; y aquellas que violan las pautas establecidas por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

 

Dudas ante la nueva regulación

 

En una nota de enero a los clientes, la firma legal norteamericana especializada en derecho de los mercados Debevoise & Plimpton, aconsejó a los gestores de activos considerar nuevas pantallas de exclusión, modificaciones a las estrategias o cambios de nombre, “cada uno de los cuales puede requerir el consentimiento del inversor”. El bufete de abogados dijo que los gestores “deberían considerar cuidadosamente qué fondos pueden estar dentro del alcance”. Las preocupaciones sobre el “greenwashing” junto con el bajo rendimiento financiero coincidieron con las primeras salidas globales trimestrales de fondos ESG a finales de 2023. Incluso en Europa, que domina el mercado ESG, los fondos de mayor clasificación, conocidos como Artículo 9, sufrieron pérdidas, según un informe de enero de Morningstar.

 

Clemence Humeau, jefa de coordinación y gobernanza de sostenibilidad en Axa Investment Managers con sede en París, advirtió que debido a que la UE no ha definido adecuadamente lo que significa una inversión sostenible, existe “la posibilidad de que todos los participantes del mercado definan su propia metodología”, lo que crea “un riesgo de falta de comparabilidad”.

 

Por otro lado, Laurence Caron-Habib, jefa de asuntos públicos en BNP Paribas Asset Management, expresó escepticismo sobre si la regla de denominación de ESMA hará que las estrategias de los fondos sean más claras para los inversores. BNP probablemente tendrá que hacer algunos ajustes en sus carteras para cumplir, aunque es probable que sean insignificantes, dijo. “Pensamos que el uso de algunas ratios absolutas no es un buen enfoque, especialmente porque no tenemos definiciones comunes”, señaló Caron-Habib. “Cuando hablamos de ESG, ¿a qué nos referimos exactamente? Y cuando miramos esta ratio del 80%, ¿qué significa exactamente?”

Deutsche Bank tendrá que deshacerse del 5% de sus activos

 

La gestora de inversiones del Deutsche Bank, DWS Group, se verá obligada a desprenderse de hasta el 5% de sus participaciones en fondos ESG como consecuencia de la nueva normativa de la Unión Europea. Dennis Haensel, jefe de asesoramiento ESG en DWS Group explicó que la mayoría de los fondos afectados por la regla de ESMA enfrentarán desinversiones del 3%, llegando al 5% en los casos más extremos. También señaló que los fondos inclinados hacia Europa serán menos vulnerables que aquellos más expuestos a mercados emergentes.

 

Haensel no reveló los fondos específicos afectados, afirmó que DWS se está poniendo en contacto con los gestores de carteras y clientes para informar sobre los ajustes. “Es un gran impacto porque se relaciona principalmente con algunos sectores”, dijo Haensel. “Esta es definitivamente una situación en la que los gestores de carteras se sentarán con todas las partes involucradas, también con socios de ventas y distribución, para determinar cómo proceder“, agregó.

 

DWS ha sentido el impacto de las acusaciones de “greenwashing” en carne propia. En septiembre, la gestora de activos pagó 19 millones de dólares para llegar a un acuerdo con la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. tras una investigación sobre la presunta tergiversación de su negocio ESG. Además, DWS ha sido visitada por fiscales en Alemania en relación con el mismo caso.

 

 

 

 NOVEDADES A NIVEL NACIONAL

 

29/02/24 EfeVerde): El MITECO lanza a consulta pública nuevas ayudas a la fabricación de tecnologías renovables y almacenamiento

 

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado hoy la salida a información pública del proyecto de orden que establece las bases reguladoras para las líneas de ayuda a la cadena de valor industrial de las energías renovables y el almacenamiento. También se abre a información pública el proyecto de una primera convocatoria de subvenciones a la fabricación de equipos necesarios para la transición a una economía de cero emisiones netas, que podrá asignar más de 750 millones de euros, en función de las necesidades identificadas durante el proceso de información pública. Todo ello está disponible aquí.

 

Dotadas con fondos de la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), esta primera convocatoria de ayudas incentivará la producción de equipamiento y componentes esenciales de paneles fotovoltaicos, baterías, turbinas eólicas, bombas de calor y electrolizadores. En próximas convocatorias se podrá fomentar otros ámbitos y otras cadenas de valor.

Paquete de 1.000 millones enmarcado en el PERTE ERHA

 

Las ayudas se enmarcan en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento (PERTE ERHA) –forman parte de un paquete de 1.000 millones destinado a fomentar la cadena de valor– y se dirigen a reforzar la autonomía industrial estratégica española, la seguridad energética nacional y el proceso de descarbonización, en línea con las políticas definidas por la UE.

 

“Consideramos que no solamente basta con cambiar el color de las moléculas o los electrones; las industrias que hay detrás, los servicios que hay detrás, son, precisamente, la gran oportunidad para reindustrializar y modernizar nuestro tejido productivo. Por eso queremos que la atención a la cadena de valor industrial esté presente en el proceso de cambio, por eso queremos dedicar más de 750 millones de euros a este programa, de tal manera que la fabricación de los bienes de equipo que nos permita llegar a buen puerto sean producidos en España”, ha señalado la vicepresidenta al hacer el anuncio hoy, en Huelva.

 

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), gestionará estas ayudas, que se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva.

Criterios ambientales y sociales de empleo y actividad local

 

En la valoración de las propuestas se tendrán en cuenta distintos criterios para seleccionar los proyectos más viables y con mayores impactos positivos, buscando la eficiencia en el uso de fondos públicos; criterios estratégicos que prioricen proyectos que den mayor respuesta a las vulnerabilidades existentes en la cadena de valor; criterios sociales como la generación de empleo y actividad en el territorio, así como criterios ambientales buscando minimizar la huella de carbono y maximizar el uso de energías renovables en los centros de producción.

 

En línea con el marco temporal de ayudas de Estado autorizado por la Comisión Europea, en la primera convocatoria para cadena de valor se subvencionarán proyectos enfocados a impulsar la innovación y el conocimiento en las siguientes líneas de actuación:

 

– Almacenamiento eléctrico. Fabricación de baterías y sus componentes esenciales.

– Energía solar fotovoltaica. Fabricación de paneles solares y sus componentes esenciales.

– Energía eólica. Fabricación de turbinas eólicas y sus componentes esenciales.

– Aerotermia renovable. Fabricación de bombas de calor y sus componentes esenciales.

– Hidrógeno renovable. Fabricación de electrolizadores y sus componentes esenciales.

 

Serán susceptibles de ayuda tanto la creación de establecimientos industriales para una nueva actividad de fabricación como las ampliaciones de la capacidad productiva instalada en centros que ya estén en funcionamiento, a través de la implantación de nuevas líneas de producción, además de la reconversión de líneas existentes para la obtención de equipos y/o elementos que anteriormente no estuvieran en producción en la planta.

Carrera tecnológica

 

España es una potencia global en energías renovables que debe reforzar su cadena de valor de los componentes de tecnologías renovables, con el fin de garantizar la seguridad energética, aumentar su competitividad y descarbonizar la industria. Ello, en línea con los principios básicos de la UE de transformación digital y medioambiental, con el Plan RepowerEU y con la Ley sobre la industria de cero emisiones netas (Net-Zero Industrial Act).

 

Europa es actualmente un importador neto de tecnologías energéticas renovables; alrededor de una cuarta parte de las baterías eléctricas y una parte muy importante de los módulos solares fotovoltaicos proceden de países extracomunitarios. En tecnologías emergentes, como electrolizadores, también es necesario reforzar la cadena de valor, e incluso precisan apoyo sectores en que la industria europea sigue siendo fuerte, como los aerogeneradores y las bombas de calor, ya que los productores se enfrentan al aumento de los costes de la energía y los insumos.

 

Las tecnologías energéticas de cero emisiones netas están en el centro de importantes intereses geoestratégicos y de la carrera tecnológica mundial. Otras regiones del mundo están realizando grandes inversiones y desplegando medidas de apoyo para renovar y reforzar sus capacidades de producción, y ni la UE ni España pueden quedarse atrás.

Vigencia hasta finales de 2025

 

La vigencia de las bases reguladoras aprobadas por esta orden de bases se extenderá desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025. Dado el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán proyectos cuya ejecución no se haya iniciado con anterioridad a la solicitud de la ayuda.

 

Teniendo en cuenta el carácter innovador de estas ayudas, se abre proceso de información pública de las bases reguladoras y del proyecto de resolución de la primera línea de incentivos a la cadena de valor renovable, de modo que hasta el 15 de marzo los agentes sectoriales y público interesado podrán realizar aportaciones de mejora para dar respuesta a las necesidades que se hayan identificado. Los comentarios deben remitirse a: Bzn-Renovables@miteco.es, indicando en el asunto ‘Información pública incentivos Cadena de Valor’.

 

NOVEDADES A NIVEL AUTONÓMICO

 

15/02/24 (Residuos profesional): Actualización del catálogo de residuos de Cataluña

 

Con la entrada en vigor del Decreto 152/2017, de 17 de octubre, sobre la clasificación, la codificación y las vías de gestión de los residuos en Cataluña, quedaron establecidas normativamente las vías de gestión de los residuos que se producen o gestionan en Cataluña, sustituyendo las previstas en el Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el que se aprueba el Catálogo de residuos de Cataluña. Asimismo, de acuerdo con la Disposición adicional del decreto 152/2017 se elaboró ​​la Guía sobre la codificación, la clasificación y las vías de gestión de los residuos en Cataluña, y el Catálogo de Residuos de Cataluña que ha estado vigente hasta la actualidad.

 

Con la aprobación y entrada en vigor de la Ley estatal 07/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que crea unas vías de gestión R/D de 4 dígitos diferentes a las catalanas, así como normas estatales específicas (RAEE, VFU y pilas), y para simplificar y facilitar la gestión operativa de residuos, la Agencia de Residuos de Cataluña ha procedido a adaptar el Catálogo de Residuos de Cataluña, a dos niveles:

 

– Incorporando los códigos de residuos (de 6 u 8 dígitos) que se derivan de las normativas de algunos flujos de residuos sometidos a Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (SRAP), tales como RAEE, pilas y acumuladores y VFU.

– Sustituyendo las vías de gestión R/D de 4 dígitos, vigentes hasta ahora, por las vías de gestión R/D de 4 dígitos aprobados mediante la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (anexos II y III).

 

A partir del 13 de febrero de 2024, este cambio ya es efectivo y disponible en el Sistema Documental de Residuos (SDR) a todos los efectos).

 

HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LEYES Y DIRECTIVAS

 

ASEGRE: Punto de información nacional sobre nuevas obligaciones del productor de residuos. Obligaciones del productor de residuos.

 

CNMV: Normativa europea y nacional en materia de Gobierno Corporativo (ver)

 

EY: Recopilatorio regulatorio en materia ASG

2024 marzo: Sostenibilidad – El Tsunami regulatorio que viene III

(2021 junio – 2022 junio): Sostenibilidad – El Tsunami regulatorio que viene II

(2021 abril): Sostenibilidad – El Tsunami regulatorio que viene I

 

Pacto Mundial: La red española del Pacto Mundial ha lanzado un buscador para que las empresas estén al día de todas las normativas sobre información no financiera, medioambiente, derechos humanos y sociales y buen gobierno. Buscador de leyes y directivas en materias ASG

 

Sustaibanility Fitch ha publicado un cuadro de excel en el que se puede encontrar una comparativa de la legislación en materia ASG a a nivel mundial. ESG Regulation Trackaer

 

UE: La UE ha creado una herramienta para que, de una manera muy visual, puedas mantenerte informado de las prioridades y trabajos legislativos del Parlamento, entre los que se encuentras numerosas iniciativas en materia ASG. Consulta el Legislative Train Schedule

 

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