DOBLE LLAVE – La Corte de Suprema de Justicia de Colombia rechazó este viernes las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró durante su gira por Europa que él es el jefe del Fiscal General, Francisco Barbosa.
A través de un comunicado, el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Francisco Castillo Cadena, aseguró que las declaraciones de Petro constituyen una “errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política” y “desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de Derecho”.
“La Administración de Justicia, de la cual forma parte la Fiscalía General de la Nación, es la función pública que cumple el Estado, para proteger los derechos, libertades y garantías de la población y, también, para hacer efectivas las obligaciones consagradas en el ordenamiento jurídico. Por ello, en cumplimiento de esta función del Estado, los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones”, aseveró el magistrado.
#ATENCIÓN | «El fiscal olvida una cosa: yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él», dice el presidente Petro, luego de que Francisco Barbosa le hiciera una advertencia sobre el caso Daniel Hernández.
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— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 5, 2023
La Corte reafirmó que “el fiscal general de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el presidente de la República, es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la Rama Judicial”.
El presidente de la Corte Suprema advirtió al presidente Petro de que “desconocer o malinterpretar las bases de muestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia hizo “un llamado a la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos. La Justicia es un poder público patrimonio de Colombia”.