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Un informe elaborado por Cáritas Diocesana de Barcelona y el Observatorio de la Vivienda Digna de Esade advierte sobre la creciente exclusión residencial que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad catalana.
El Observatorio de la Vivienda Digna del Instituto de Innovación Social de Esade y el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Diocesana de Barcelona han presentado el estudio «Exclusión compartida. Vivir en una habitación en un contexto de exclusión residencial y social», que analiza las condiciones en las que miles de personas se ven obligadas a vivir en Catalunya. A partir de 62 entrevistas en profundidad a 50 personas y cuatro grupos de discusión con un total de 36 participantes, el informe pone en evidencia la precariedad de quienes residen en habitaciones alquiladas sin contrato, una realidad que se ha convertido en una solución permanente ante la falta de acceso a una vivienda digna.
“La vivienda es un derecho, pero para muchas personas se ha convertido en un lujo inalcanzable”, explica Guillermo Oteros, técnico del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Barcelona. En 2023, más de 50.000 personas atendidas por las diez Cáritas de Catalunya vivían en habitaciones, un dato que refleja la magnitud del problema. Según el estudio, este tipo de exclusión residencial afecta de manera particular a familias monoparentales, jóvenes y migrantes, quienes enfrentan inseguridad jurídica, imposibilidad de empadronamiento y restricciones en el acceso a servicios esenciales como la sanidad y la educación.
La falta de estabilidad habitacional no solo impacta en la calidad de vida de las personas adultas, sino que también repercute en el bienestar y desarrollo de la infancia. “Los niños crecen en espacios reducidos, sin la posibilidad de jugar, estudiar o descansar en condiciones adecuadas, lo que afecta su desarrollo emocional y cognitivo”, señala el informe. Además, la falta de privacidad y las tensiones derivadas de la convivencia forzada generan un constante estado de estrés y angustia, con consecuencias en la salud mental de los afectados.
Ignasi Martí, director del Observatorio de la Vivienda Digna de Esade, enfatiza la necesidad de llevar este debate a la esfera pública para impulsar medidas que garanticen el derecho a una vivienda adecuada. Entre las soluciones planteadas en el informe, se destaca la ampliación del parque de vivienda social, la regulación del mercado de alquiler y la implementación de incentivos para propietarios que ofrezcan alquileres a precios accesibles. También se plantea la urgencia de facilitar el empadronamiento y fortalecer las redes comunitarias para mitigar el impacto del llamado «barraquismo vertical».
Eduard Sala, director de Cáritas Barcelona, hace un llamamiento a las administraciones para transformar la vivienda en un derecho efectivo y no en un bien especulativo. “Es fundamental garantizar espacios donde las personas puedan establecer vínculos, arraigarse en sus barrios y construir comunidad. No podemos permitir que miles de personas sigan viviendo en condiciones de inestabilidad y exclusión”, concluye.
