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La Asamblea General aprueba una resolución histórica que califica la trata de personas africanas esclavizadas como un crimen de lesa humanidad imprescriptible, aunque con el voto en contra de Argentina, Estados Unidos e Israel y una fuerte división internacional.
La Asamblea General de Naciones Unidas ha dado un paso de enorme relevancia política y moral al aprobar una resolución que reconoce la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racializada de personas africanas como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia. Según informa la propia organización internacional, el texto salió adelante con 123 votos a favor, frente a tres en contra —Argentina, Estados Unidos e Israel— y 52 abstenciones, entre ellas las de gran parte de países occidentales.
Un reconocimiento histórico con implicaciones actuales
La resolución, impulsada por una coalición de 60 países de África, el Caribe y América Latina, no solo revisa el pasado, sino que interpela directamente al presente. El texto reconoce que este sistema de explotación, que se extendió durante más de cuatro siglos, constituye una violación del derecho internacional que no prescribe y cuyas consecuencias siguen afectando a millones de personas en todo el mundo.
En este sentido, Naciones Unidas subraya que la esclavitud racializada no fue un fenómeno aislado, sino un sistema global que sentó las bases de desigualdades estructurales aún vigentes, vinculadas a modelos económicos, sociales y políticos que continúan reproduciendo discriminación racial.
Un sistema global basado en la deshumanización
El documento aprobado describe la trata transatlántica como un régimen sin precedentes históricos, al haber convertido a seres humanos y a sus descendientes en propiedad hereditaria, perpetua y transferible. Además, señala que este sistema llegó a transformar la reproducción humana en un mecanismo de acumulación de capital, institucionalizando jerarquías raciales como principio organizador del orden mundial.
La resolución también recuerda el papel de diversos instrumentos legales que legitimaron esta violencia estructural, desde las bulas papales del siglo XV hasta normativas coloniales como el Código de Esclavos de Barbados o el Código Negro francés, que definían jurídicamente a las personas esclavizadas como bienes.
Justicia, memoria y reparación: una deuda pendiente
Uno de los puntos centrales del texto es la reafirmación de que los crímenes vinculados a la esclavitud no están sujetos a prescripción. Esto implica, desde una perspectiva de derechos humanos, que los Estados tienen la obligación de asumir su responsabilidad y reparar los daños causados.
En este marco, la Asamblea General insta a abrir procesos de diálogo inclusivo sobre justicia reparadora, que contemplen medidas como disculpas formales, indemnizaciones, restitución de bienes, rehabilitación de las comunidades afectadas y garantías de no repetición. También llama a reformar leyes y políticas públicas para combatir el racismo estructural.
La dimensión de género: una violencia sistemática invisibilizada
La resolución incorpora además una perspectiva de género al reconocer que la esclavitud tuvo un impacto específico y particularmente violento sobre mujeres y niñas africanas. Estas fueron sometidas de manera sistemática a violencia sexual, explotación doméstica y reproducción forzada.
El texto denuncia especialmente el principio legal que establecía que la condición de esclavitud se heredaba a través de la madre, un mecanismo que vulneró profundamente los derechos reproductivos de las mujeres y consolidó la perpetuación del sistema esclavista.
Educación, memoria y restitución cultural
Como parte de las medidas concretas, Naciones Unidas solicita reforzar las políticas de memoria, educación e investigación sobre la esclavitud y sus consecuencias. Asimismo, insta a los Estados a promover iniciativas que preserven la memoria histórica y apoyen procesos de reparación impulsados por organizaciones regionales.
Entre las acciones destacadas, la resolución reclama la restitución inmediata y sin condiciones de bienes culturales, obras de arte y documentos históricos a sus países de origen, reconociendo su valor espiritual, histórico y cultural.
Un paso clave en un contexto global de desigualdad
La aprobación de esta resolución se enmarca en el inicio del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034) y en la antesala del centenario de la Convención de 1926 para la supresión de la esclavitud.
Más allá de su valor simbólico, el texto sitúa en el centro del debate internacional una cuestión clave para la justicia climática y social: cómo las desigualdades históricas siguen condicionando el acceso a derechos, recursos y oportunidades. En un contexto de crisis globales, el reconocimiento de estas deudas estructurales aparece como un paso necesario —aunque aún insuficiente— hacia un futuro más justo.
