Noti-RSE
Hace un par de días, 40 personas tuvieron un meeting de urgencia en la localidad de Chocó para participar, de forma activa, en el primer consejo de la sociedad civil en materia ambiental. El mismo fue convocado directamente por la Procuraduría General de Colombia.
Investigadores y líderes se subieron a una panga y navegaron el río Quito hasta llegar a Paimadó, el municipio que presenta el mayor deterioro del departamento. Ratificaron, una vez más, que la minería ilegal se está comiendo –literalmente- uno de los lugares más biodiversos de la Tierra.
La visita tiene que ver con el fallo emitido por la Corte Constitucional que ordena al Estado la protección de la cuenca y afluentes; tal como ya pasó en la exótica Nueva Zelanda con el río Whanganui o en la India con el Ganges. Este tipo de iniciativas no son desconocidas en el panorama mundial.
La Corte decidió nombrar “guardianes” que cuiden el lugar y verifiquen el cumplimiento de las órdenes, respaldadas por casi 200 páginas de estudios.
Entes de la talla de la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, las ONG locales, la Corporación Autónoma Regional y los líderes indígenas ya han pedido que se tomen, lo más pronto posible, medidas al respecto: la más importante arteria del Chocó está siendo devorada por la locomotora minera, que con sus dragas y buldóceres contamina el agua con mercurio y cianuro, destruye el paisaje, quiebra el tejido social y enferma a la gente.
“La mitad de las personas muestreadas en Quibdó tienen valores superiores de mercurio en su cuerpo”, manifestó Mauricio Cabrera, quien ejerce el cargo de coordinador de políticas mineras del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF en inglés).
Argumentó Cabrera que “curiosamente, en otro estudio hecho en Paimadó, se obtuvieron valores más bajos; seguramente porque la pesca se ha perdido por la sedimentación y porque la gente le tiene miedo al mercurio”.
