DOBLE LLAVE – La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió al gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, máxima transparencia y rendición de cuentas sobre un megaoperativo que el Ejército ejecuta en zonas mineras del estado Bolívar, una región con enormes reservas de minerales controlada en gran parte por grupos armados ilegales.
Las solicitudes de la ONG
A través de la red social X, Provea instó a las autoridades a publicar detalles urgentes sobre la intervención:
El alcance real de la operación militar.
El número de personas detenidas y su situación legal.
La condición y seguridad de los civiles que residen en el área.
Asimismo, solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo para supervisar el despliegue y garantizar el respeto a los derechos humanos, recordando que operativos previos de este tipo en zonas populares y mineras «dejaron cientos de abusos, incluidas ejecuciones extrajudiciales».
Zozobra por despliegue de helicópteros
Organizaciones como SOS Orinoco y fuentes locales confirmaron a la agencia EFE el despliegue de efectivos y helicópteros artillados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con el objetivo de desalojar a los líderes de los llamados «sindicatos mineros» (bandas armadas), mencionando específicamente a alias «el Juancho», uno de los jefes de la zona.
Los reportes indican que se han escuchado ráfagas de disparos en los yacimientos de oro de Las Brisas, Las Claritas y el Kilómetro 88, lo que ha generado un clima de profunda zozobra e incertidumbre en la población civil.
El contexto económico y legal
Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre este despliegue. No obstante, el operativo coincide con dos hechos clave recientes:
Nueva Ley de Minas: La intervención militar ocurre dos meses después de aprobarse un marco legal que abre las puertas a inversores extranjeros en estas áreas.
Inversión internacional: Recientemente, el Ejecutivo firmó un memorando de entendimiento con la empresa estadounidense Heeney Capital (asociada a la suiza Mercuria Energy Group) para proyectos en el Arco Minero.
Provea enfatizó que el histórico abandono del Estado en la región «no puede ser sustituido mediante la actuación pendular basada en el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza pública», recordando la obligación constitucional de salvaguardar la vida, integridad y debido proceso de todos los habitantes.
De interés: ONG JEP acusa a la Fiscalía de intentar dar un «carpetazo» al caso de Víctor Quero
Con información de EFE Servicios
Fuente de imagen referencial: Alerta Venezuela / Cortesía
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