Noti-RSE
Organizaciones no gubernamentales que defienden en general los derechos humanos han cerrado filas en torno a una causa de corte ambiental. Provea, el Programa Venezolano en Educación- Acción de Derechos Humanos, se pronuncia contra el Arco Minero del Orinoco por considerarlo un plan contra la ecología de la zona impulsado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Provea asegura que el proyecto del Arco Minero del Orinoco es un atentado contra la naturaleza. Rafael Uzcátegui, su coordinador, afirma que no sólo se está perjudicando al ambiente sino a los habitantes de las cuencas del Río Orinoco, especialmente los indígenas.
Defensores de los derechos humanos abogan por las necesidades de numerosas etnias, que han reclamado al gobierno nacional el desarrollo de proyectos así pero no han sido tomados en cuenta. En Provea consideran que no puede haber desarrollo económico con destrucción de la naturaleza, más allá de que Venezuela necesite el dinero ante la baja de los precios del petróleo en los mercados internacionales.
Comunidades originarias del Amazonas y sus alrededores podrían ver destruidos los hábitats que vienen ocupando durante siglos por culpa del llamado progreso. El proyecto del Arco Minero del Orinoco busca la exploración y explotación de los numerosos recursos minerales de la zona, entre ellos el oro, hierro y bauxita.
Venezuela, en su constitución nacional, garantiza a sus ciudadanos el desarrollo de un ambiente sano para que la salud no se vea afectada por agentes contaminantes, y en este sentido no se hace distinción entre habitantes de las grandes ciudades o zonas rurales.
Expertos en la materia afirman que el proyecto, además, amenaza los afluentes del río Orinoco y de la central hidroeléctrica del Guri, principal proveedor de energía eléctrica en el país, por lo que el sistema interconectado nacional también estaría en peligro. Ello supondría nuevos esquemas de racionamiento por parte de Corpoelec.
