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La España rural, enfrentándose a la doble amenaza de la despoblación y la pérdida de derechos culturales, se erige en un escenario crítico y al mismo tiempo, lleno de esperanza.
La carencia de bibliotecas municipales en numerosos pueblos, atribuida al reducido número de habitantes, ha dado paso a movimientos altruistas, como la campaña «Libros a Libros», que busca repoblar el entorno rural con el tesoro de la literatura. Este esfuerzo por preservar los derechos culturales se entrelaza con un cambio paradigmático en la política cultural local, ahora vista desde una perspectiva de derechos humanos.
Desde el ámbito local, se comprende la importancia estratégica de alinearse con debates y marcos normativos culturales internacionales. Conceptos como la libre elección de la identidad cultural, la salvaguarda de la disidencia cultural y la conexión entre derechos culturales y economía de la credibilidad se han vuelto fundamentales. Esta armonización local-global expande los horizontes de intervención de la política cultural y redefine la democracia cultural en la España rural.
La relación entre derechos culturales y democracia se manifiesta en la nueva narrativa que emerge desde lo local. Inspirados por experiencias como el constitucionalismo iberoamericano, la Agenda 21 de la cultura y las propuestas de la Agenda 2030, se busca otorgar un papel más destacado a los pueblos y ciudades en el ámbito internacional. La política cultural local se redimensiona, reconociendo su papel en la profundización democrática y convirtiéndose en vanguardia para una nueva agenda de derechos.
Esta visión, fundamentada en derechos humanos, reconoce que la política cultural local puede ser clave para contrarrestar la regresión global en materia de derechos. Tenemos que hacer hincapié en el acceso igualitario a la producción artística, así como en la distribución y exhibición desde criterios más democráticos y plurales. La protección de derechos culturales colectivos, ambientales y generacionales se convierte en una tarea esencial para las comunidades locales.
La armonización local-global también se refleja en aspectos legislativos, como la creación de nuevas leyes de derechos culturales. Ejemplos como la ley navarra, que reconoce el derecho al patrimonio como un derecho humano, demuestran la importancia de reflejar estas visiones a nivel local. Las políticas culturales locales deben preguntarse cómo proteger los derechos lingüísticos, diversificar los imaginarios locales y enfrentar los discursos del odio que amenazan la cohesión social, manteniendo la diversidad y las distintas narrativas que la cultura engloba.
La cultura se presenta como un campo propicio para contrarrestar los discursos del odio, fomentando espacios de encuentro y redefiniendo los imaginarios colectivos. La política cultural local tiene la responsabilidad de analizar y cuestionar qué relatos refuerza, qué fechas conmemora y qué lutos públicos reconoce. El impulso de acciones de diplomacia cultural y la transversalidad de lo cultural en la política local se presentan como herramientas fundamentales.
La España rural, al repensar su política cultural desde una perspectiva de derechos humanos, encuentra en la armonización local-global una oportunidad estratégica. Este enfoque confiere a las comunidades locales un papel clave en la defensa de los derechos humanos desde la cultura, construyendo puentes entre identidades, derechos y la democracia cultural en el siglo XXI. No obstante, este relato no debe ser solo una narrativa; es un llamado a la acción.
En un esfuerzo conjunto, construido desde la colaboración entre comunidades, expertos en derechos culturales y líderes locales por los derechos culturales en la España rural, estableciendo así un compromiso firme. Actualmente con las revueltas agrícolas vemos un mensaje común desde la España rural, no son escuchados ni atendidos. Ese es el problema de las zonas rurales vaciadas, faltan medios y faltan iniciativas. Las políticas culturales locales deben ser un vehículo para abordar estas demandas de manera integral, promoviendo un diálogo abierto y constructivo entre las comunidades, los legisladores y los trabajadores del campo.
Es vital que gestionemos la protección de los derechos culturales colectivos, la preservación de las lenguas en riesgo, y la defensa de un acceso igualitario a la producción artística. Darle la misma importancia a nuestra cultura como la que le damos a nuestra economía. A través de la cooperación, construiremos un futuro donde cada rincón de la España rural sea un testimonio viviente de la fuerza transformadora de la cultura.
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