Así lo muestra el último informe de indicadores de pobreza energética en España del pasado ejercicio elaborado por la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comilla. Según el estudio, el número de hogares con temperatura inadecuada creció hasta el 17%, y el retraso en el pago de facturas energéticas se mantuvo en torno al 9% en 2022.
La persistente problemática de la pobreza energética sigue sin hallar una solución en España. Recientemente, se ha divulgado el Informe de Indicadores de Pobreza Energética en España para el año 2022, elaborado por investigadores de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas. Este informe revela que 4,3 millones de personas no abonaron sus facturas energéticas en fecha, y cerca de ocho millones no lograron mantener una temperatura adecuada en sus hogares.
El estudio subraya que el año 2022, desde la perspectiva de la pobreza energética, estuvo marcado por sombras, aunque con destellos de esperanza. Específicamente, los resultados indican que un mayor número de hogares se vio obligado a destinar recursos por encima de lo razonable para satisfacer sus necesidades energéticas. También se incrementó la cantidad de hogares que afirmaron no poder calentar adecuadamente sus viviendas. Sin embargo, en contraposición a lo anterior, se destaca que la pobreza energética severa, aunque se mantiene en niveles inasumibles (más de 4 millones de personas), no experimentó un aumento, a pesar del crítico escenario de precios que se vivió en 2022. Según la cátedra, este comportamiento se atribuye al conjunto de medidas de protección social implementadas, destacando el aumento en las cuantías de los bonos sociales eléctrico y térmico, que lograron reducir la brecha de pobreza energética en los hogares más desfavorecidos (la diferencia entre los gastos reales y los ideales) en un 13%.
Los expertos explican que los indicadores se han derivado de las encuestas realizadas por el INE, la EPF (Encuesta de Presupuestos Familiares) y la ECV (Encuesta de Condiciones de Vida), y se pueden clasificar en las siguientes categorías:
- Indicadores de gasto desproporcionado: identifican a hogares que destinan un porcentaje muy elevado de sus ingresos a cubrir las necesidades energéticas en la vivienda.
- Indicadores de gasto insuficiente o pobreza energética oculta: revelan hogares cuyos gastos en energía son significativamente bajos.
- Indicadores subjetivos: incluyen indicadores de hogares con retrasos en el pago de facturas y hogares que declaran no poder mantener una temperatura adecuada en invierno.
Además, el estudio analiza que, dentro de la dimensión de gasto desproporcionado, se calculan dos indicadores: 2M y MIS. El primero identifica como hogares en pobreza energética aquellos cuyo porcentaje de gasto en energía sobre sus ingresos netos es más del doble del de un ‘hogar medio’ (mediana nacional). El segundo indicador utiliza un umbral absoluto basado en una renta mínima estándar, concretamente el salario mínimo interprofesional (SMI), para identificar a estos hogares.
En este contexto, los investigadores señalaron que los resultados obtenidos son del 16,83% (aproximadamente 3,2 millones de hogares) y del 13,14% (aproximadamente 2,5 millones de hogares) para los indicadores 2M y MIS, respectivamente, en comparación con los valores obtenidos en 2021: 15,22% y 14,62%, respectivamente. Ambas métricas muestran tendencias diferentes. Mientras que el indicador 2M empeora, el basado en el MIS mejora. El deterioro del indicador 2M se atribuye, según la Cátedra, al abrupto aumento en los gastos energéticos de los hogares, un incremento que no logra compensarse con el crecimiento de los ingresos que también se produjo. En contraste, indican que el segundo indicador mejora ligeramente debido al comportamiento de los dos deciles de renta más baja, donde se observa una disminución en la incidencia de la pobreza energética debido al significativo aumento de los ingresos.
