Noti-RSE
Venezuela posee una legislación compleja en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), afirma Virginia Soto, psicóloga. La experta considera que las iniciativas del sector privado hacia las comunidades no reemplazan la gestión del Gobierno en el ámbito nacional, estadal y municipal.
Empresas asentadas en Venezuela deben aportar una porción de sus ingresos a iniciativas sociales según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, algo que puede ser de difícil cumplimiento para compañías de escasas dimensiones. Soto considera, en tal sentido, que el sector privado puede ser socialmente responsable sin que la legislación se lo exija, y recomendó a distintas organizaciones aliarse entre sí para darle cumplimiento a lo exigido por el Ejecutivo.
Polarización es la condición actual que dificulta a la sociedad ver al sector privado como colaborador del Gobierno en materia de inversión social, afirma Charo Méndez, socióloga. Ella propone, en tal sentido, que los empresarios se hagan cargo de alguna misión tendente a resolver los problemas más agudos de las comunidades venezolanas. Educación y salud son las áreas donde comúnmente se enfocan los planes de Responsabilidad Social Empresarial en nuestro país.
Presiones, cada vez en mayor volumen, son las que reciben las empresas de Venezuela por parte del Gobierno y diversos sectores de la sociedad para que sean socialmente responsables, afirma Gustavo Roosen, ex presidente de Petróleos de Venezuela y la CANTV. Las demandas por parte de la ciudadanía han crecido en la medida en que ésta ha demostrado mayor organización. En tal sentido, el experto somete a la consideración de las compañías el término Responsabilidad Integral Corporativa, que implica el desarrollo de una relación de beneficio mutuo con aquellos grupos pertenecientes a la realidad de toda organización. Sugiere a los empresarios, además, afrontar la realidad del país manera objetiva, a fin de que sus estrategias sean diseñadas de manera acertada.
